¿Planificación Familiar?2019-05-14T20:29:48+00:00

¿PLANIFICACIÓN FAMILIAR?

Actitudes hacia las políticas de planificación
familiar y el control de natalidad

Presentamos lo resultados de la primera encuesta nacional de opinión sobre planificación familiar, control de la natalidad y las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo entre los años 1996 y 2000.

Directoras: Alejandra Ballón, Ana Muñoz Padrós y Natalia Sánchez Loayza | Editor de Texto: Eric Barenboim | Editora Gráfica: Alejandra Ballón | Fotógrafos: Tadeo Bourbon y Liz Tasa | Diseñador: Gonzalo Gamboa

En colaboración con el Instituto de Opinión Pública de la PUCP

http://bit.ly/lamadreiop

–Foto de Tadeo Bourbon–

 

Pastillitas de panadol

–Por Alejandra Ballón–

Actualmente en Perú, las mujeres libran la ardua batalla para poder decidir sobre sus propios cuerpos. Exigen al Estado una educación sexual intercultural a nivel nacional que cuente con un enfoque de género para prevenir la violencia contra la mujer. Paradójicamente, en este mismo contexto, y a pesar de las miles de esterilizaciones forzadas ocurridas en la década del noventa durante el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar – PNSRPF (1996-2000), poco más del 50% de la población opina que el Estado Peruano debería establecer una política para limitar el número de hijos que cada familia puede tener. En 1997, Yolanda era madre de siete y por el momento ni ella ni su esposo querían tener más. Por eso, cuando Olga, la promotora de salud del centro poblado de Shumanza, le comunicó que el Estado Peruano estaba “apoyando a las mujeres”, mediante una campaña gratuita para no tener más hijos, no lo pensó dos veces. Yolanda quería trabajar más y ayudar a la economía familiar. Olga le explicó: «cuando uno decida se puede volver a tener hijos, porque esta no es una trozada de trompas sino es una amarrada de trompa nomás». Yolanda y su esposo confiaron en Olga. A Yolanda la operaron sin exámenes previos. Luego de la operación quirúrgica, Yolanda sufrió de parálisis y tuvo que guardar reposo durante 23 días en el Hospital de Juanjuí en San Martín. Olga nunca más la visitó, cumplió la cuota del Estado y desapareció. Yolanda recuerda con pesar que el personal de salud sólo le dio como paliativo “pastillitas de panadol”.

–Foto de Tadeo Bourbon–

 

Una pregunta intolerable

–Por Ana Muñoz–

En sí misma, la pregunta es inquietante. La necesidad de interrogar si “todas las parejas deberían tener completa libertad para decidir en qué momento y cuántos hijos quieren tener” debería incomodar tanto como cuestionarnos que el oxígeno continúe libre de impuestos o si mañana será un nuevo día. Cuando los derechos fundamentales se colocan bajo el microscopio de la opinión es preciso activar todas las alarmas, prender las sirenas, atrancar las persianas, abrigarnos contra el frío y salir a las calles para repetir, las veces que sean necesarias, que las mujeres somos dueñas de nuestros cuerpos. Sin embargo, para unos pocos esta afirmación no es evidente: el 16% de las personas entrevistadas dijo estar “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”.

 

–Fotos de Liz Tasa–

 

Por ser mujer

–Por Alejandra Ballón–

El 63% de encuestadas y encuestados opina que el uso de los métodos anticonceptivos no debería recaer sólo en el cuerpo de las mujeres, y tienen razón. Por oposición, según el Informe Defensorial 69, durante el PNSRPF el Estado Peruano esterilizó a 272,028 mujeres (al menos 18 murieron) y 22,004 varones. No cabe duda de que en la aplicación del programa hubo una deliberada y masiva discriminación por género. Fueron esterilizadas un 93% de mujeres frente a un 7% de hombres. No existe razón médica alguna que justifique esta flagrante diferencia. El personal de salud encargado de la captación pensaba que las mujeres serían más fáciles de engañar y llegado el momento opondrían menos resistencia física. Así ocurrió en la comunidad nativa Patria Nueva en Loreto. Las enfermeras visitaron a Norma y la sacaron con engaños de su casa. La llevaron hasta el puerto de Pucallpa en bote y hasta el hospital en mototaxi. Ahí hablaban español y ella sólo entendía shipibo-conibo. Cuando le amarraron las manos con sogas, empezó a morderlas para desatarse y a pesar de la anestesia Norma logró salir del cuarto. La desesperación no funcionó, las enfermeras la atraparon y le inyectaron más anestesia, hasta que se quedó dormida.

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Opinión Pública

 

–Foto de Liz Tasa–

 

 

 

Por igual

–Por Natalia Sánchez Loayza–

A diferencia de la pregunta anterior, aquí se pide considerar exclusivamente si el Estado debería tener la facultad de imponer el uso de métodos anticonceptivos. Casi la mitad de los encuestados está de acuerdo con que se fuerce un control estatal sobre todos los cuerpos. Entre marzo y agosto de 1997, Marino Costa Bauer, exministro de Salud, le escribió cartas al expresidente Alberto Fujimori para dar cuenta del avance de las metas que tenía el programa. En abril, le pidió disculpas por no haber llegado al promedio mensual de Anticoncepciones Quirúrgicas1 establecido en marzo. En mayo, le informó que las AQ de abril de 1997 representaban un incremento del 120% con respecto de las de 1996. En junio, informó que, en sólo un mes, habían incrementado las AQ en un 36%. En julio, dijo que “de acuerdo con lo previsto” el incremento se mantenía y que “la permanente coordinación” con las Fuerzas Armadas y Policiales había ayudado a ello. ¿Cómo es posible tener “prevista” la decisión individual de miles de si tener hijos, cuándo tenerlos, cuántos tener o cómo tenerlos? La existencia de metas anticipadas a dichas decisiones son una evidencia de la criminalidad de este programa.

En los documentos oficiales, las cirugías que se realizaron para esterilizar a mujeres y hombres fueron denominadas Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias (AQV). Sin embargo, este no es un nombre técnico ni responde a la realidad de miles de mujeres y hombres que no fueron esterilizados de manera voluntaria.

 

 

–Foto de Tadeo Bourbon–

 

Voluntad

–Por Alejandra Ballón–

Contundente: más del 80% opina que el Estado Peruano debería impulsar una serie de políticas para que las familias, de forma voluntaria, puedan planificar adecuadamente el número de hijos que deseen tener. He aquí un contrasentido: eso es exactamente lo que el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros sostienen en cuanto a la implementación del PNSRPF. Las miles de campesinas afectadas saben muy bien que el discurso fue diferente a la realidad. Las cicatrices de sus vientres son ese trecho abismal entre el dicho y el hecho. Entre la voluntad y las cuotas impuestas. Entonces, ¿cómo podría hoy el Estado Peruano impulsar una serie de políticas públicas nacionales en materia de salud reproductiva y planificación familiar cuando aún pesa sobre sus hombros la tragedia social de las esterilizaciones forzadas? ¿Si la población conociera los detalles de la política nefasta que en las comunidades indígenas se tornó genocida, confiaría en el Estado? Muchas de las mujeres esterilizadas sin un consentimiento legítimo jamás volvieron a confiar; sobre todo aquellas descendientes de pueblos originarios que vivían en comunidades nativas o centros poblados alejados de toda modernidad. Ellas conocieron por primera vez los hospitales del Estado cuando las esterilizaron. Esa ha sido su única experiencia en materia de salud pública. Hoy son testigos de que, en varios de los centros de salud donde se violaron impunemente sus derechos fundamentales, siguen operando los mismos médicos y enfermeras que anularon sus proyectos de vida.

 

–Foto de Tadeo Bourbon–

 

Un análisis sintáctico

–Por Ana Muñoz–

Ocho de cada diez personas entrevistadas cree que el Estado Peruano debería llevar a cabo campañas para difundir el uso adecuado de diversos métodos anticonceptivos entre hombres y mujeres. No obstante, “difundir” no es imponer y “uso adecuado” quiere decir hacer servir una cosa para algo de manera apropiada. No la modificación congénita de nuestros cuerpos contra nuestra voluntad. “Diversos métodos anticonceptivos” señala una variedad de métodos para prevenir la concepción, y no que se primará un método sobre otro. Finalmente entre “hombres y mujeres” implica que todas las personas serán destinatarias de estas campañas. El PNSRPF incumplió todas y cada una de estas premisas.

 

Fuente: Instituto de Opinión Pública

 

 

 

–Foto de Tadeo Bourbon–

 

Hipocresía

–Por Ana Muñoz–

“Por ello el Estado promoverá que las familias de bajos ingresos y de menor nivel educativo, tengan el mismo acceso a los métodos de planificación familiar con que cuentan las clases de mayores ingresos. Sería una hipocresía hacerse de la vista gorda, sabiendo que se aplican diferentes métodos para familias de diversas clases sociales”. Así dijo Alberto Fujimori a la nación en 1995. Y siguió: “Lo justo es difundir, he dicho difundir, a fondo, los métodos de planificación familiar.” Llama la atención, cuando no produce un escalofrío, que después de señalar una hipocresía se cometiera una mayor. “Difundir, a fondo” no en un futuro distante, sino un punto seguido después. Y da escalofríos –aunque llegados a esta pregunta casi ni llame la atención– observar que seis de cada diez personas están de acuerdo con que las familias pobres deberían tener menos hijos que las familias con mayores recursos económicos.

 

–Foto de Tadeo Bourbon–

 

Formar una familia

–Por Natalia Sánchez Loayza–

La pregunta es geográfica. Y las respuestas se oponen: 44% de acuerdo y 37.2% en desacuerdo. ¿Formar una familia depende del suelo donde se vive? El Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) ha registrado un total de 7,022 personas entre enero de 2016 y noviembre de 2018. Si bien Reviesfo no especifica quiénes provienen de una zona rural o de una urbana, sí desglosa sus resultado por regiones. De las 7,022 personas que denuncian haber sido esterilizadas en contra de su voluntad, 4,868 son de la Sierra y 1,360 de la Selva. De las más 7 mil personas esterilizadas en contra de su voluntad, sólo el 11.3% es de la Costa. Ciertamente, ser esterilizada o esterilizado en los años noventa dependía del suelo donde se vivía.

 

 

–Foto de Tadeo Bourbon–

 

Aporofobia

–Por Alejandra Ballón–

Alberto Fujimori instauró un gobierno autocrático, corrupto y criminal que fue el caldo de cultivo para una política neoliberal. En el marco de esa economía, se insertaron programas de control demográfico de corte neomalthusianos cuyo fin principal era alcanzar metas financieras pasando por encima de los derechos humanos. Ni bien inició su gobierno, Fujimori denominó, al año 1991, el “Año de la austeridad y la planificación familiar”. A través de un discurso populista que fomentaba el rechazo y el miedo a la pobreza –y por ende a los pobres–, logró que la “planificación familiar” se entendiera como una “lucha contra la pobreza”. Los programas fueron anunciados y difundidos como programas ‘voluntarios’ de planificación familiar que ayudarían a las familias de bajos recursos económicos a salir de la indigencia. Así, el Banco Mundial asignó al Perú un préstamo de 150 millones de dólares a cambio del cumplimiento del programa, que debía aumentar la tasa del PBI al disminuir hasta 2.5% la tasa de fertilidad. Sin embargo, hoy sabemos que la gran mayoría de los departamentos más afectados por el PNSRPF (Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Apurímac, Puno, San Martín, Cajamarca, Piura y La Libertad), se encontraban en extrema pobreza al concluir el programa. Debido a las graves afectaciones, muchas mujeres dejaron de trabajar en el campo, no pudieron desempeñarse en el cuidado del hogar como antes y debieron costear los tratamientos posoperatorios de sus enfermedades. Esto revela además que en los departamentos donde más anticoncepciones quirúrgicas se realizaron no hubo ningún cambio económico favorable para la población a la que supuestamente el programa –autodenominado y diseñado como programa de lucha contra la pobreza– pretendía ayudar.

 

 

 

Fuente: Instituto de Opinión Pública

 

 

–Foto de Liz Tasa–

 

La mitad

–Por Ana Muñoz–

Algo más de la mitad de las personas entrevistadas cree que las familias deberían tener la libertad de elegir cuántos hijos desean tener. Algo menos de la mitad cree que sólo las familias con suficientes recursos económicos deberían poder ejercer esa libertad. En las primeras preguntas, casi todos parecían estar de acuerdo en que la libertad de decidir le pertenece a las familias. Sin embargo, al introducir este factor, una condición posible, muchos colocarían límites a esa libertad. No es la mayoría, pero se le parece. Cuatro de cada diez personas entrevistadas –cerca de una persona de cada dos– cree que debería tener hijos sólo quien pueda pagarlos, inscribiendo de esta manera el capitalismo en el cuerpo, en el cuerpo de las mujeres.

 

–Foto de Tadeo Bourbon–

 

Resistencia en la Amazonía

–Por Natalia Sánchez Loayza–

La mayoría de los encuestados está de acuerdo con la posibilidad de implementar una política de control de natalidad drástica en los pueblos nativos u originarios de la Amazonía. Según los hallazgos de la abogada e investigadora Giulia Tamayo en su informe Nada personal, durante el mes de octubre de 1996 tuvo lugar una Campaña de Anticoncepción Quirúrgica en San Lorenzo, localidad de la provincia de Alto Amazonas. En aquella campaña se impuso la captación de ocho a nueve personas por mes. “Nuestra fuente manifestó la imposibilidad de alcanzar dicha cuota, lo que fue puesto en conocimiento de las autoridades, quienes sin embargo no redujeron el número pretendido”, describió la abogada en su informe. “Sólo lográbamos una o dos. Las mujeres mestizas eran quienes más fueron ligadas pero también de algunos pueblos indígenas. La población reaccionó, por eso disminuyeron las ligaduras”, dijo su fuente. Una de las pobladoras de San Lorenzo que fue ligada corroboró lo sucedido: “La campaña se realizó en San Lorenzo hasta Saramiriza, vinieron médicos de afuera que ligaron a veinte mujeres. Durante dos días el personal de salud realizó visitas de casa en casa para convencer a las mujeres que se liguen. Debido a la muerte de una de las personas, la población ya se resistió”. Según Tamayo, la organización nativa ratificó tales hechos señalando que la captación de mujeres de sus comunidades para ser ligadas contrastaba con la disposición de los agentes de salud por atender otras necesidades básicas que la población requería.

 

 

 

Control drástico

Por Natalia Sánchez Loayza–

En las anteriores preguntas, la mayoría de encuestados está de acuerdo con que las familias pobres (47.7%) y las familias del campo o zonas rurales (44%) deben tener menos hijos. Aquellas opiniones parecen ser los fundamentos de la siguiente postura: la mayoría de encuestados, un 57.2%, está de acuerdo y muy de acuerdo con que se debería implementar una drástica política de control de natalidad en las zonas de la Sierra que son más pobres. El PNSRPF mantuvo esa misma postura. En Huancavelica, departamento serrano y el más pobre del país, se esterilizó al 6.95% de mujeres que eran el público objetivo del programa2. En tan solo dos años de funcionamiento, para octubre de 2017, el Reviesfo había registrado a 766 mujeres de Huancavelica y mantenía a 896 esperando la confirmación de su inscripción. Estas mujeres, las 1,662 con las que conversó el personal de Reviesfo, son más del 47% de todas las mujeres huacanvelicanas que fueron operadas por el PNSRPF. Es decir que, en ese par de años de trabajo, con recursos limitados y muy inferiores a los que tuvo el programa, Reviesfo ha logrado recuperar el testimonio de cerca de la mitad de las mujeres que fueron esterilizadas. Todas ellas dicen que las obligaron, que no les explicaron, que no sabían, que simplemente dijeron que no.

2 Según el Manual publicado en 1996 del PNSRPF, la esterilización podía ser aplicada a mujeres mayores de 25 años y dentro de la edad fértil (hasta 49 años). La cantidad de mujeres en este rango de edad proviene del censo de 1993.

 

 

–Foto de Tadeo Bourbon–

 

Desdén

–Por Alejandra Ballón–

El sistema de esterilizaciones forzadas masivas del PNSRPF constituye la mayor violación a los derechos de las mujeres cometida en todo el continente —por el Estado Peruano— desde la época de la colonia. Siendo de tal envergadura el tema, se comprende que un 80% de la población entrevistada haya al menos oído hablar al respecto. Sin embargo, podría sorprendernos que sólo un 9.5% conozca bastante del asunto. El desdén encaja a la perfección con una serie de características profundamente arraigadas en nuestra historia social. En nuestro país hay un feminicidio cada 48 horas, el racismo es cotidiano, se estigmatiza a las mujeres pobres como madres de futuros terrucos, y la corrupción político-judicial peca de impune. Han pasado décadas y hasta la fecha no hay un sólo militar condenado por las violaciones masivas ni un sólo responsable político condenado por las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el conflicto armado interno. Entonces, ¿por qué habría de sorprendernos? Más bien, nos sobrecoge la imagen de la sociedad que aparece en los intersticios de las cifras. Por una parte, la indiferencia frente a las problemáticas de las mujeres rurales es monumental. Por la otra, el acceso a la información es una utopía. Es probable que por esto último la población urbana diga conocer mucho más del tema que la población rural, a pesar de ser esta la más afectada. Ahora bien, lo que sí sorprende es que las mujeres sepan menos del tema que los hombres. Pero nuevamente, es sabido que el acceso a la educación y a la información se torna más escaso para las mujeres.

 

 

–Foto de Tadeo Bourbon–

 

¿Cuántas personas caben en el olvido?

–Por Ana Muñoz–

Tres de cada diez personas entrevistadas respondió que no sabe –que no tiene noticia, que no conoce– cuántas mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento durante el gobierno de Alberto Fujimori. Tres de cada diez personas no se equivocan, no están ni mal ni bien informadas, no conviven con una perspectiva exagerada, ni alejada de ni cercana a los hechos y a los crímenes que tuvieron lugar entre los años 1996 y 2000 con cuyas consecuencias sí conviven demasiadas mujeres hoy día, año 2019. Tres de cada diez personas dan la espalda a las 7,000 personas que escribieron su nombre en el Reviesfo, tal como se puede vivir sin saber cuál es el diámetro de un agujero negro o qué comen las tortugas. Pero estamos hablando de la historia reciente y de personas: madres, hermanas, hijas. 272,028 mujeres –la población de todo un departamento como Ayacucho– fueron afectadas por el PNSRPF. 272,028 mujeres que no deben ser olvidadas, ni los delitos quedar impunes.

 

 

–Foto de Liz Tasa–

 

Política de Estado

–Por Alejandra Ballón–

En medio de una sostenida campaña negacionista de parte del gobierno fujimorista –el cual insiste en llamar “mitos” a las esterilizaciones forzadas–, y de la poca cobertura y seguimiento que el caso tiene en los medios de investigación nacionales, la población peruana ha logrado generar un sentido común acerca de los responsables en el caso de las masivas esterilizaciones forzadas. Un 63.5% opina que la principal responsable es la Presidencia de la República. Es decir, el expresidente Alberto Fujimori Fujimori, hoy preso por otros crímenes. Y un 22.7% de la población responsabiliza al Ministerio de Salud, es decir, a los exministros. Esto comprueba que, a pesar de la desinformación, la poca difusión y la complejidad del caso, la opinión pública acierta al coincidir con el Ministerio Público y con las afectadas, quienes buscan justicia. Después de casi dos décadas de investigación y sendos archivamientos, el fiscal Luis Landa ordenó a la fiscal Marcelita Gutiérrez denunciar ante el Poder Judicial al expresidente Alberto Fujimori y a tres de sus ministros de salud, Eduardo Franklin Yong Motta, Marino Ricardo Luis Costa Bauer, y Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco, entre otros presuntos responsables, como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra La Vida, El Cuerpo y La Salud, y Lesiones graves seguidas de muertes en un contexto de grave violación de derechos humanos en agravio de las víctimas. Desde las quebradas de Ayacucho, resuenan como en eco las palabras de la señora Hilda: “Que haya una justicia porque somos personas, somos ser queridos, somos personas de provincia, el hecho que seamos de provincia no quiere decir que no valemos nada.”

 

 

–Foto de Tadeo Bourbon–

 

Visita médica a Ancón y Paracas

Por Natalia Sánchez Loayza–

En el Informe final sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria en los años 1990-2000 realizado por una subcomisión investigadora del Congreso de la República en el año 2002, Joo Luck, ex director regional de Salud de la provincia constitucional del Callao relata una anécdota. A principios de su segundo mandato, luego de una cena con vista al mar, Alberto Fujimori invitó a todos su comensales, todos los directores de treinta y cuatro Direcciones de Salud a nivel nacional, a que pasearan con él en la playa de Ancón, en la costa de Lima. Impresionados todos ellos, su público, escuchaban atentos lo que tenía para decir. Era una situación fuera de lo regular: era poco habitual que el presidente se reuniera con funcionarios de séptimo u octavo nivel en la escala de la administración pública. Todos sabían, según Joo Luck, que era la oportunidad perfecta para que cada funcionario hiciera los pedidos de su respectiva región al ministro de Salud, el Dr. Yong Motta, quien también estaba en aquella playa. El excongresista Roger Guerra García describiría igualmente esta reunión durante los interrogatorios del Congreso. Él declaró que hubo un centenar de personas, entre directores regionales de Salud, Seguridad Social y Fuerzas Armadas, y que el mismo presidente indicó una meta anual de esterilizaciones de 200 mil mujeres. Y no sólo eso, sino que también hubo otra reunión en Paracas al siguiente año para analizar los resultados obtenidos y premiar a los centros de esterilización más exitosos.

 

 

–Foto de Liz Tasa–

 

Una vez por mes

–Por Ana Muñoz–

De un lado, el cuerpo de las mujeres. Del otro, la unidad mínima del capitalismo patriarcal o del patriarcado capitalista: la economía doméstica. “Ningún recurso humano es más valioso que las mujeres que utilizan todos los recursos de la manera más racional. Ellas son capaces de administrar miles de pequeñas economías, microeconomías, para producir bienes y servicios con la máxima eficiencia”, dijo Alberto Fujimori en ese mensaje a la nación el 28 de julio de 1995. Mujeres y economía sobre un continuum. En un extremo, los vientres que menstrúan, conciben y paren. En el otro, las cabezas que gobiernan la casa, saldan deudas, limpian el piso, ahorran cuando pueden y se ocupan de que en esa economía familiar las sumas ganen a las restas. A un lado, la causa. Al otro, el problema. Y en el centro, una solución inhumana: “esterilizar a las mujeres pobres ayudaría a que mejore su economía familiar”. Una política de estado que esteriliza los cuerpos de las mujeres en lugar de “ayudar” y “mejorar” la economía para cuidar de los cuerpos. Una distopía sin ficción en donde las reglas del mercado deciden sobre los úteros. Sin embargo, los úteros no se someten a la lógica de la economía, sino que tienen su propia lógica, sus propias reglas, una vez por mes.

 

 

 

La motivación

Por Natalia Sánchez Loayza–

El programa mediante el cual se esterilizó cientos de miles de mujeres peruanas se llevó a cabo durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, entre 1995 y el 2000. Desde el principio dicho programa fue criticado y señalado como una manera de reducir la pobreza mediante la reducción de nacimientos de personas pobres a través del control del cuerpo de las mujeres. El mismo expresidente Fujimori negaba que esto fuera cierto. En su discurso ante el Congreso de la República, cuando asumió el cargo el 28 de julio de 1995, dijo que el programa proponía una planificación familiar informada: “¡Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino!”. Seis días después, en la Conferencia Internacional sobre la Mujer en Beijing, donde fue el único presidente hombre en asistir, dijo: “Señoras y señores, se nos ha acusado de que pretendemos, tras una reciente ley que permite la voluntaria, vo-lun-ta-ria vasectomía y ligadura de trompas, como parte de un conjunto de métodos contraceptivos, imponer mutilaciones y querer matar pobres. Mi gobierno ha decidido llevar a cabo, como parte de su política de desarrollo social y lucha contra la pobreza, una estrategia integral de planificación familiar para que, de esta forma, ¡las mujeres dispongan con toda autonomía y libertad sobre su propia vida!”. A pesar de que actualmente existen pruebas suficientes para comprobar que se realizó un proyecto masivo de esterilizaciones forzadas de mujeres pobres e indígenas, Alberto Fujimori siempre ha negado que esa haya sido su motivación. A diferencia de él, el 50.8% de los encuestados admite sin reparo que estaría a favor de un plan que esterilice a las mujeres más pobres para reducir la pobreza del Perú.

 

 

Lean aquí la revista completa (PDF): http://bit.ly/lamadreiop